Tres estudios científicos concluyen que los vertidos de aguas fecales contaminan la Bahía de Palma
Entre 2011 y 2020 la depuradora de Palma ha vertido 13 millones de litros de aguas fecales mal depuradas
Los científicos denuncian "el profundo deterioro mostrado por el hábitat en la zona de estudio"
El estudio se ha realizado a instancias del juzgado de Palma que investiga la contaminación ilegal de los vertidos
El Ayuntamiento de Palma promete acabar este verano con el 90% de los vertidos y cierres de playas
La Bahía de Palma se está convirtiendo a marchas forzadas en una gran cloaca debido al vertido de millones de litros de aguas fecales sin depurar o mal depuradas por parte de la empresa municipal Emaya. Un informe de la Fiscalía de Medio Ambiente y estudios científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) constatan que estos vertidos están contaminando por encima de los límites legales el agua, los organismos vivos y el sustrato de la bahía, según informa la Agencia Efe.
Sólo en el periodo comprendido entre 2011 y 2020 la depuradora de Palma ha arrojado al mar 13 millones de litros de aguas fecales mal depuradas que han provocado la contaminación de una superficie de 8 kilómetros cuadrados.
Los científicos que han elaborado el estudio concluyen que «existe evidencia más que suficiente para afirmar que los vertidos de aguas residuales de los emisarios que vierten en la bahía de Palma están implicados en el profundo deterioro mostrado por el hábitat en la zona de estudio». Esta contaminación de la Bahía de Palma resulta especialmente grave al tratarse de una de las zonas turísticas con más peso del Mediterráneo.
Estos vertidos contaminantes han provocado al menos la desaparición de unas 600 hectáreas de praderas de posidonia y sucede esto a pesar de que el Govern balear de izquierdas aprobó la pasada legislatura una ley para la protección de esta planta marina de valor extraordinario para la preservación del medio.
El estudio antes mencionado se ha realizado a instancias del juzgado de instrucción 12 de Palma, que desde 2018 investiga la presunta contaminación ilegal de los vertidos de aguas gestionados por la empresa pública municipal Emaya. La Fiscalía y los dos institutos estatales han estudiado el impacto de las aguas residuales de Palma, Marratxí, Bunyola y Esporles sobre la bahía.
El Juzgado de Instrucción número 12 de Palma abrió las diligencias tras la presentación de una denuncia por parte del abogado y ex presidente de la Federación Balear de Vela, Santiago Fiol. En la denuncia, Fiol afirmaba que los vertidos de aguas fecales pueden suponer un delito contra los recursos naturales, la flora, la fauna, el medio ambiente y la salud pública.
Según la Agencia Efe, el juzgado solicitó un informe de la Fiscalía que incluye datos aportados por Emaya y la Conselleria de Medio Ambiente del Govern y comprobaciones realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). Encargó además un informe específico sobre la degradación del ecosistema marino, con especial atención al deterioro de la posidonia, y otro relativo a la acumulación de contaminantes en el lecho subacuático, centrado en los metales pesados.
La Fiscalía comprobó que la red de bombeo, depuración y vertido de aguas residuales de la capital balear y su entorno es «un sistema obsoleto», diseñado para 250.000 habitantes, que no puede hacer frente a una población real de casi 450.000 en invierno y 800.000 en la temporada turística.
Además, debido a que la red de aguas pluviales está unida a la residual y su capacidad es insuficiente, «prácticamente por cualquier episodio de lluvia el sistema se desborda» y la mezcla de pluviales y aguas residuales que las dos plantas depuradoras no tienen capacidad de asumir se vierten sin control a la bahía, tanto por los aliviaderos de superficie costeros como por los submarinos de Es Baluard, Portitxol y Torrent Gros. De 2003 a 2018 se produjeron una media de 78 de estos episodios cada año.
Medidas urgentes de protección
El ministerio público recoge en su informe que el vertido al mar por el emisario de aguas depuradas, tal y como se viene realizando desde hace medio siglo, carece de la preceptiva autorización del Govern porque incumple la normativa estatal sobre tratamiento de aguas residuales, a pesar de lo cual Medio Ambiente nunca ha sancionado estos incumplimientos.
El juzgado que investiga posibles responsabilidades penales de los responsables durante décadas de esta situación requirió al IEO que analizara en qué medida ha resultado afectada la posidonia oceánica, la planta protegida más característica del mar balear, por los vertidos de aguas sucias o sin suficiente depuración.
Los científicos del IEO reclaman medidas urgentes para frenar la degradación de la posidonia en la bahía de Palma, afectada en mayor o menor grado en toda el área desde cala Portals Vells a Cap Blanc y dañada de forma grave en el entorno de los aliviaderos de aguas urbanas.
El tercer estudio que encargó el juzgado se refiere a la posible contaminación de los sedimentos marinos y fue realizado por el IGME, que se centró en la presencia de metales pesados, indicadores relevantes del deterioro medioambiental y elementos, en algún caso, de alta toxicidad.
El organismo científico estatal halló en el lecho marino del entorno donde evacúan los aliviaderos y el emisario altas concentraciones de trece metales pesados y confirmó que, por su distribución geográfica, resulta evidente que su origen son los vertidos de aguas residuales.
Cese de los vertidos
El IGME, que registró valores «extremadamente elevados» en algunos puntos de sustancias como el cobre, zinc, plomo y mercurio, recomienda el cese de los vertidos y el tratamiento de las zonas más contaminadas para eliminar sustancias nocivas.
El juzgado de instrucción 12, que abrió la investigación en 2018 después de que Gaceta Náutica publicara vídeos submarinos que evidenciaban la suciedad de los vertidos de los emisarios, ha cambiado desde entonces de titular en varias ocasiones y tiene pendiente impulsar las actuaciones sobre el caso.
El Ayuntamiento de Palma, el Govern balear y el Ministerio de Transición ecológica han pactado la construcción de una nueva depuradora con el doble de capacidad que estaría acabada en 2026 y el próximo verano está prevista la puesta en funcionamiento de un depósito y un colector para acumular el agua de lluvia y evitar su vertido directo al mar.
Ahora se ha conocido el estudio sobre la contaminación de la Bahía de Palma pero los vertidos de aguas fecales mal depuradas se producen en toda la costa balear. Sólo 18 de los 46 emisarios submarinos de Baleares están actualmente en regla.